La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en Estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son Estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales Estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus Estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de calificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.
lapolitica mexico
Se promulgó hoy y fue firmada por la gobernadora, pero, de que trata esta polémica ley anti inmgrante que ha sido catalogada como Nazi
1.- Es delito la inmigración ilegal en ese estado fronterizo con México
2.- Permite a la policía detener a cualquier persona si hay "sospecha razonable" de que es inmigrante ilegal. Es decir si "parece" inmigrante, la policâ podrá detenerlo, interrogarlo y pedirle documentación.
3.- Permitirían demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración
4.- Haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas de su estatus legal.
En Arizona viven unos 460.000 inmigrantes indocumentados, según cifras oficiales. La mayoría mexicanos.
La actual gobernadora republicana asumió el cargo cuando era secretaria del estado de Arizona para reemplazar a la antigua ocupante de la posición, Janet Napolitano, quien fue designada como secretaria de Seguridad Nacional por el presidente Barack Obama al inicio de su gobierno.
La Ley fue aprobada por el 70 por ciento del electorado de Arizona.
REFLEXIÓN
¿Llamará un inmigrante ilegal a la policía en caso de ser testigo de un crimen?
Si un residente legal es cuestionado, pero no trae sus papeles a la mano ¿qué pasa?
La ley "está basada en que todo el inmigrante que cruza esa frontera es un criminal, que nada más viene a hacer daño a la economía y no es así", agregó el alguacil Tony Estrada, quien es estadounidense de origen mexicano.
""La ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el gobierno federal se ha negado a solucionar" - Gobernador a de Arizona.
El gobierno mexicano tambien habla y esto fue lo que dijo:
El gobierno mexicano criticó este viernes una ley de Arizona que castiga a los empleados que contraten a indocumentados, y prometió defender a los mexicanos afectados por la nueva medida.
La ley de Arizona, que entró en vigor el martes, le prohíbe a las empresas contratar a indocumentados a sabiendas de que lo son. Los que la violen enfrentarán la suspensión de la licencia del negocio hasta por 10 días, y si la violan por segunda ocasión se les revocará definitivamente.
"Medidas como la aprobada en Arizona no contribuyen a resolver el tema de la migración laboral entre ambos países y desconocen las aportaciones de los emigrantes a la sociedad y la economía" de Estados Unidos, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La cancillería advirtió que "a través de sus consulados intervendrá en toda situación que vulnere los derechos de los trabajadores mexicanos, independientemente de su calidad migratoria".
El comunicado no especificó cuáles serán los pasos que podrían tomar los consulados para ayudar a los inmigrantes, pero anteriormente han auxiliado otorgándoles defensa legal en casos similares.
México tiene consulados en las ciudades de Phoenix, Tucson, Nogales, Douglas y Yuma, todas ubicadas en Arizona.
El gobierno mexicano considera que la inmigración es un fenómeno estructural inevitable, dadas las diferencias salariales entre ambos países.
Se ha opuesto con firmeza a los planes estadounidenses para restringir el paso de inmigrantes, tales como cercas fronterizas, y ha cabildeado intensamente para la implementación de programas de visas de trabajo temporales y por la legalización del estatus de los trabajadores que actualmente se encuentran en Estados Unidos.
las leyes causan controversia
La primera sala de la Suprema Corte las declaró inocentes
Libres, las otomíes acusadas de haber secuestrado a 6 afis
Fueron absueltas de los delitos que les imputó el Ministerio Público
Jueves 29 de abril de 2010, p. 10
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inocentes a las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio de los cargos que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR), y ordenó su inmediata liberación.
En sesión histórica, la Corte se erigió en tribunal de apelación este miércoles –por primera vez desde la reforma al sistema de justicia de 2005– para revisar una sentencia dictada en litigio penal. Los cinco ministros de la primera sala coincidieron en que hubo una “desafortunada injusticia” y “diversas violaciones procesales” en el juicio contra las indígenas.
Alberta y Teresa fueron excarceladas a las 18 horas del penal femenil de San José El Alto, Querétaro, luego que cuatro horas antes la Corte revocó la condena de 21 años de prisión impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.
Por unanimidad de cinco votos, la SCJN determinó que no se acreditó siquiera que hubo secuestro, pues los seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) que acusaron a las dos indígenas de ese delito incurrieron en infinidad de contradicciones, además de que la PGR no aportó evidencia adicional que demostrara la participación de las acusadas en el supuesto plagio.
La PGR acusó a González y Alcántara de los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos, y en el caso de la segunda agregó el de posesión de cocaína, que también fue revocado por la Corte, pues aunque los ministros señalaron que sí se encontraron residuos de la droga en el lugar donde trabajaban las acusadas, la fiscalía no logró acreditar que Alberta hubiera tenido el estupefaciente en su poder.
Al exponer sus argumentos, los ministros cuestionaron las acciones de la PGR y del juez de primera instancia. Consideraron que el fallo de la Corte implica un mensaje a las autoridades del país para que no se vuelvan a repetir asuntos de este tipo.
“Los ministros entendimos que cuando está en juego la libertad, cada día es importante, y hoy esta injusticia que percibimos ha quedado plenamente acreditada. Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, lo es más cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables”, destacó Arturo Zaldívar al exponer los argumentos por los que la Corte se inclinó por ordenar la libertad de las indígenas.
“Advertimos desde un principio que este asunto olía a injusticia; advertimos que era altamente probable que dos indígenas estaban en prisión desde hace casi cuatro años de manera injusta.”
Zaldívar agregó que el asunto es de especial gravedad, porque implica trato injusto y discriminatorio contra dos indígenas mexicanas. “La decisión que hoy votamos tiene dos efectos: uno concreto e inmediato, que es la libertad de Alberta y de Teresa; el segundo es el valor del precedente que esta primera sala envía a las autoridades de nuestro país, coadyuvando de manera muy clara a decir: ‘queremos que este tipo de casos no sigan ocurriendo, y cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlo’”, destacó Zaldívar.
Sin debate, los ministros Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Jesús Gudiño Pelayo y Zaldívar avalaron el proyecto de resolución elaborado por Olga Sánchez Cordero, e hicieron un reconocimiento al equipo de la ministra, que en sólo cinco semanas preparó el dictamen que fue turnado la semana pasada a los integrantes de la Corte.
Sánchez Cordero explicó que durante el proceso contra las indígenas los policías acusadores se contradijeron repetidamente sobre la forma en que se desarrollaron los hechos, lo cual obligó a la Corte a negar cualquier valor de indicio que pudiera sustentar una condena.
Gudiño cuestionó que “si los policías, como afirman, fueron privados de su libertad para pedir un rescate en dinero, ¿por qué no reportaron el evento ante sus superiores jerárquicos?
“Si (los agentes de la AFI) fueron retenidos a cambio de un rescate, ¿por qué no se emplearon estrategias policiacas para su liberación, y lejos de aportar recursos de su propio peculio, acudir a mecanismos como la negociación con los secuestradores o el diálogo con la población?”, agregó Gudiño en alusión a declaraciones de los agentes de que ellos mismos juntaron en cuestión de horas 70 mil pesos para pagar el rescate.
Desde que fueron detenidas ambas mujeres –junto con Jacinta Francisco Marcial, declarada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional y excarcelada en septiembre pasado tras ser exculpada por la PGR de los mismos delitos que imputó a Teresa y Alberta– el caso provocó reclamos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
También se pronunciaron por la inocencia de las tres indígenas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado y el gobierno de Querétaro.
La pesadilla que vivieron estas mujeres comenzó en marzo de 2006, luego que una llamada anónima denunció a la PGR la venta de discos pirata en el tianguis ubicado en Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro.
Seis elementos de la AFI acudieron al mercado y buscaron a una mujer descrita en la denuncia como La Güera. Al intentar arrestarla, los agentes fueron enfrentados por decenas de locatarios que, supuestamente, los llevaron a una base de la policía municipal.
El caso de Alberta se ha vuelto el más emblemático, porque durante su reclusión dio a luz a una niña que estuvo con ella en la cárcel casi un año.
otomi
